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por Jorge Scala 1

Mucho se ha debatido en estos días sobre los tres sustantivos que titulan esta nota. Como Tesorero y apoderado de “Portal de Belén” quisiera hacer un breve aporte a esas tres palabras, concatenándolas del mejor modo posible.

En EE.UU. decidieron investigar seriamente el problema de las violaciones en todos sus aspectos. Se hizo un protocolo de investigación y se designó al Hospital San Pablo de Minneapolis para efectuar el estudio. Los trabajos duraron 10 años, durante los cuales fueron derivados a dicho centro sanitario todas las mujeres violadas de la región. En total se investigaron más de 3.500 violaciones.

Entre las cuestiones estudiadas se incluyó la relación entre violación y embarazo. Muy pocas de las mujeres violadas presentaron embarazos. Todos esos embarazos fueron estudiados, tanto sea en los casos en que las mujeres abortaron como en los que continuaron sus embarazos. Se hicieron las pruebas genéticas pertinentes –tanto en los bebés abortados como en los nacidos-, y se determinó, científicamente, que todos los embarazos habían sido fruto de relaciones consentidas, con sus esposos o algún otro varón. En pocas palabras: las 3.500 violaciones no habían causado ningún embarazo (Reardon, David C., “Aborted Women: Silent No More”).

En “Portal de Belén” tenemos la experiencia de campo, que por la obvia falta de medios no ha podido verificarse con validez científica. La comparto: entre las muchas mujeres que hemos ayudado en estos más de 20 años de servicio al bien común, nos hemos encontrado con algunas mujeres violadas y embarazadas. Vienen a nosotros mujeres embarazadas en situación de conflicto y, ¿qué duda cabe?, la violación es uno de los conflictos más penosos que nos ha tocado acompañar.

Desde el comienzo de nuestra Asociación, intuimos que el mejor modo que tiene una mujer embarazada para superar su conflicto –cualquiera que sea-, es darle las herramientas que necesite para poder continuar con su embarazo y, más adelante, para que pueda criar amorosamente a ese hijo que lleva en su seno. En la generalidad de los casos esto parece muy obvio. Y lo es.

Ahora bien ¿qué sería lo mejor para una mujer encinta cuyo conflicto fuera el haber sido víctima de una violación?. En realidad no lo sabíamos. Ni lo supimos hasta que se nos fueron presentando los primeros casos. Era evidente que la ayudaríamos a continuar con su embarazo: a fin de cuentas, ese es nuestro fin asociativo. Pero lo que no era nada obvio es que criar a ese hijo –en lugar de darlo en adopción-, fuera la mejor opción para la mujer violada.

Como no podíamos resolver la duda, pues había tantos y tan buenos argumentos para una u otra opción, decidimos obrar con esas mujeres igual que con las demás: procurar ayudarlas a aceptar, amar y criar a ese hijo que venía al mundo de ese modo trágico. El resultado superó todas nuestras mejores expectativas. Se los comparto.

En “Portal de Belén” no solo damos alojamiento y comida, sino también atención médica, jurídica, psicológica, etc. a las mujeres que lo necesitan. Todas las mujeres violadas recibieron atención psíquica. Con ese acompañamiento y el nuestro, decidieron no solo continuar sus embarazos, sino también criar a sus hijos. En todos los casos, en un tiempo relativamente breve, los informes psicológicos concluyeron del mismo modo: el acto de amor de haber acogido, amado y criado a ese hijo, curó completamente las secuelas psíquicas de la violación. Para nosotros fue una de las sorpresas más hermosas que tuvimos, en estos años de trabajo silencioso y fecundo.

Ante estas realidades que nos enseña la ciencia y nos muestra el trabajo de campo con quienes padecen la problemática, me pregunto: ¿Puede ser razonable matar por las dudas que el hijo fuera producto de una violación, cuando se sabe que esto casi nunca sucede? También me pregunto: ¿es bueno para la mujer violada quitarle la posibilidad de la curación total, del trauma que le produjo esa brutalidad?.

A los caballos que circulan por la ciudad hay que ponerles anteojeras, para que no vean la realidad; puesto que si la percibieran se asustarían y provocarían un desastre movidos por el miedo. Me vuelvo a preguntar: ¿qué clase de “anteojeras” tienen algunos de nuestros jueces, gobernantes y médicos, que parecen impedirles reconocer la realidad?.

En un rato se mata a una persona por nacer. Nosotros preferimos acompañar a sus mamás durante meses, ayudándolas a crecer y superar por sí mismas todos sus obstáculos. Nos parece lo mejor para todos, también para nosotros que crecemos en humanidad…

1 Nota remitida al matutino La Voz del Interior el día 21.4.12, que fuera censurada por el Director Periodístico del mencionado diario, Sr. Carlos Jornet, según su correo electrónico del 9.5.12, que conservo.

ARTÍCULO 1. Como hecho científico, una nueva vida humana comienza al momento de la concepción.

ARTÍCULO 2. Cada vida humana es un flujo continuo que se inicia en la concepción y avanza por fases etapas hasta la muerte. La ciencia otorga diferentes nombres a estas fases etapas, incluyendo cigoto, blastocisto, embrión, feto, bebé, niño, adolescente y adulto. Esto no cambia el consenso científico acerca de que en todo momento del desarrollo todo individuo es un miembro viviente de la especie humana.

ARTÍCULO 3. Desde la concepción, cada niño, aun no nacido, es por naturaleza un ser humano.

ARTÍCULO 4. Todo ser humano, como miembro de la familia humana, tiene el derecho de ser reconocido por su dignidad inherente y a la protección de sus derechos humanos inalienables. Esto es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales.

ARTÍCULO 5. No existe ningún derecho al aborto bajo el derecho internacional, ni por vía de un tratado internacional obligatorio ni bajo normas de derecho internacional común. No hay ningún tratado de las Naciones Unidas que pueda ser citado con precisión para establecer o reconocer un derecho al aborto.

ARTÍCULO 6. La Comision del CEDAW y otros cuerpos que monitorean tratados han guiado a los gobiernos a cambiar sus leyes sobre el aborto. Estos cuerpos han interpretado explícitamente o implícitamente los tratados a los cuales están sujetos como incluyentes de un derecho al aborto.

Los cuerpos que monitorean estos tratados no tienen autoridad, ni bajo los tratados que las crearon ni bajo el derecho internacional general, de interpretar estos tratados en maneras que creen nuevas obligaciones estatales o que alteren la esencia de los tratados.

En consecuencia, cualquier cuerpo que interprete un tratado de modo que incluya un derecho al aborto actúa más allá de su autoridad y contraría su mandato. Tales actos ultra vires no crean ninguna obligación legal para los estados partes; tampoco deberían los estados aceptarlos como 2 una contribución a la conformación de un nuevo derecho internacional consuetudinario.

ARTÍCULO 7. Las afirmaciones realizadas por agencias internacionales o actores no gubernamentales en el sentido de que el aborto es un derecho humano son falsas y deben ser rechazadas.

No existe ninguna obligación jurídica internacional de proporcionar acceso al aborto basado en motivo alguno: salud, privacidad, autonomía sexual, no discriminación ni ningún otro motivo.

ARTÍCULO 8. Bajo los principios básicos de la interpretación de tratados del derecho internacional, de un modo consistente con las obligaciones de la buena fe y con el principio pacta sunt servanda, y ejerciendo su responsabilidad de defender la vida de sus pueblos, los estados pueden y deben invocar las provisiones de los tratados que garantizan el derecho a la vida para abarcar la responsabilidad gubernamental de proteger el niño aun no nacido del aborto.

ARTÍCULO 9. Los gobiernos y los miembros de la sociedad deberían garantizar que las leyes y las políticas nacionales protejan el derecho humano a la vida desde la concepción. También deberían rechazar y condenar la presión de adoptar leyes que legalizan o despenalizan el aborto.

Los cuerpos que monitorean tratados, las agencias de las Naciones Unidas y los funcionarios, tribunales regionales y nacionales y demás deben desistir de aseveraciones implícitas o explícitas de un derecho al aborto basadas en el derecho internacional.

Cuando se realizan tales aseveraciones falsas o se ejercen presiones, los estados miembros deberían reclamar la responsabilidad del sistema de las Naciones Unidas.

Quienes proporcionen ayuda para el desarrollo no deben promocionar o financiar el aborto. Ellos no deben condicionar la ayuda a la aceptación del aborto por parte del beneficiario.

Los programas internacionales y aquellos que financian programas de salud materna y de infantes deben garantizar un resultado saludable del embarazo tanto para la madre como para el infante y deberían ayudar a las madres a dar la bienvenida a una nueva vida en todas las circunstancias.

Nosotros — defensores y litigantes en materia de derechos humanos, intelectuales, dirigentes electos, diplomáticos y expertos médicos y de política internacional — por la presente confirmamos estos artículos. 

San José de Costa Rica, Marzo 25 de 2011

* Instituciones nombradas únicamente para propósitos de identificación. 3

Firmado,

  • Lord David Alton, Cámara de los Lores, Gran Bretaña 
  • Carl Anderson, Caballero Supremo. Caballeros de Colón 
  • Guiseppe Benagiano, Profesor de Ginecología, Perinatología y Cuidados a la Niñez – Universidad “La Sapienza”, Roma, antiguo Secretario General de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
  • Honorable Javier Borrego, ex juez, Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
  • Christine Boutin, ex ministra de Gabinete – Gobierno de Francia, Presidente del Partido Demócrata Cristiano 
  • Hon. Tom Coburn M.D., Miembro del Senado de los Estados Unidos
  • Benjamin Bull, Jefe de Concejo, Fondo de Defensa de la Alianza 
  • Honorable Martha De Casco, Miembra del Congreso, Honduras
  • Jakob Cornides, Abogado de Derechos Humanos 
  • Profesor John Finnis, Universidad de Oxford, Universidad de Notre Dame
  • Profesor Robert George, Profesor de Jurisprudencia McCormick, Universidad de Princeton, ex Miembro del Consejo Presidencial sobre Bioética 
  • Profesor John Haldane, Profesor de Filosofía, Universidad de St Andrews
  • Patrick Kelly, Vicepresidente de Política Pública de los Caballeros de Colón 
  • Profesor Elard Koch, Facultad de Medicina, Universidad of Chile
  • Profesor Santiago Legarre, Profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica Argentina
  • Leonard Leo, ex delegado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
  • Yuri Mantilla, Director, Asuntos Internacionales de Gobierno, Enfoque a la Familia 
  • Cristóbal Orrego, Profesor de Jurisprudencia, Universidad de los Andes (Chile)
  • Gregor Puppinck, Director Ejecutivo, Centro Europeo para la Ley y la Justicia 
  • Embajador Grover Joseph Rees, ex Embajador de EEUU en Timor-Leste, ex Representante Especial de EEUU para las Naciones Unidas sobre asuntos sociales 
  • Austin Ruse, Presidente, C-FAM
  • William Saunders, abogado de derechos humanos, Americanos Unidos por la Vida, ex delegado a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
  • Alan Sears, Presidente, Fondo de Defensa de la Alianza 
  • Marie Smith, Presidente, Red Parlamentaria para Asuntos Críticos 
  • Profesor Carter Snead, Miembro, Comité Internacional de Bioética, UNESCO y ex Observador Permanente al Consejo Directivo de Europa sobre Bioética, Escuela Derecho de la Universidad de Notre Dame 
  • Douglas Sylva, Delegado a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
  • Honorable Francisco Tatad, ex Líder de la Mayoría del Senado de Filipinas 
  • Embajador Alberto Vollmer, ex Embajador de Venezuela a la Santa Sede 4
  • Christine de Marcellus Vollmer, Presidente de la Alianza Latinoamericana para la Familia
  • Honorable Luca Volonte, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Presidente del Partido Popular Europeo (PACE)
  • Lord Nicholas Windsor, Casa de Windsor
  • Susan Yoshihara, Directora, Grupo de Investigaciones de Organizaciones Internacionales 
  • Anna Zaborska, Miembra del Parlamento Europeo, antigua miembra de Junta del Comité de la Mujer del Parlamento Europeo 1

Notas sobre los ARTÍCULOS DE SAN JOSE

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 1

La “Concepción” (fertilización) es la unión de un oocito y un esperma (específicamente la fusión al contacto de las membranas de un ovocito y un espermatozoide) dando origen a un nuevo y distinto organismo humano viviente, el embrión. El embrión existe cuando los gametos ya no existen, su material genético contribuyó a la formación de un nuevo individuo generado por su unión. Vea, e.g., Sadler, T.W. Langman’s Medical Embryology, 7th edition. Baltimore: Williams & Wilkins 1995, p. 3 (obsérvese que “el desarrollo del ser humano comienza con la fertilización, un proceso por el cual el espermatozoide del macho y el oocito de la hembra se unen para dar origen a un organismo nuevo …”); Moore, Keith L. and Persaud, T.V.N. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 7th edition. Philadelphia: Saunders 2003, p. 2 (obsérvese que “la unión del oocito y el esperma durante la fertilización” señala “el comienzo de un nuevo ser humano”).

Además, cualquier proceso que resultare en la creación de un organismo humano viviente debe entenderse como una forma de “concepción” para propósitos de este articulado. Por ejemplo, en casos excepcionales, en una etapa temprana del desarrollo embrionario, algunas células pueden desagregarse del embrión y a través de un proceso de restitución y regulación interna, se convierten en un nuevo organismo humano viviente, ósea un mellizo monocigótico (idéntico) del embrión original. En tales casos, la vida del mellizo comienza con este proceso en lugar que por la fusión del espermatozoide y el ovocito.

Hay también técnicas científicas (incluyendo pero no limitado a transferencia nuclear de células somáticas, también conocido como clonación) que crean un nuevo y distinto ser humano individual en el estado de desarrollo embrionario. Estas técnicas son formas de “concepción” dentro del significado de este artículo.

Sin importar cómo un miembro individual de esta especie inicia su vida, el o ella, en todo etapa de su desarrollo, tiene derecho a que se le reconozca su dignidad inherente y a la protección de sus derechos humanos inalienables, como se describe en el Artículo 4, infra. 

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 2

Un “embrión” se define como “las diferentes etapas del desarrollo temprano desde la concepción hasta la novena o décima semana de vida”. Considine, Douglas, ed., Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia, 10th edition. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 2008, p. 1291. “Durante la primera semana, el embrión se convierte en una más sólida de células y luego adquiere una cavidad, en el momento lo cual el que se conoce como un blastocisto.” Ronan O’Rahilly and Fabiola Muller Human Embryology & Teratology, 3rd edition, New York: A. John Wiley & Sons, 2001, p.37. 

Aún el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual en años recientes ha estado renuente a otorgar plena protección al niño nonato, declaró, no obstante, en 2004: “Puede ser considerado como punto de acuerdo entre estados que el embrión/feto pertenezca a la raza humana”. [Vo v. France (53924/00, GC, 8 July 2004, at § 84)].2

El hecho del consenso científico no determina la verdad con relación al estado biológico del embrión humano. Si en el futuro algún segmento influyente de la comunidad científica fuese a abandonar esta verdad por razones políticas, esto no alteraría el hecho que el embrión es un miembro viviente de la especie humana.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 3

El hecho que desde la concepción cada niño nonato es por naturaleza un ser humano es verdad para todo ser humano, en cualquier manera traído a existencia y en todas etapas del desarrollo. Vea notas a los Artículos 1 y 2, supra.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 4

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDR) establece: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,” y el artículo 3 de la DUDR dice, “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.” El preámbulo del PIDCP igualmente establece: “Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”. El preámbulo del PIDCP también reconoce que “estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. El PIDCP también implícitamente reconoce los derechos humanos de los niños nonatos al establecer en el artículo 6 que la pena de muerte no podrá aplicarse “a las mujeres en estado de gravidez”.

La Declaración sobre los Derechos del Niño y el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño ambos establecen que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

De igual modo, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos estipula en su artículo 4.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Vea también el preámbulo del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece : “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 5

El aborto no se menciona en ningún tratado de carácter obligatorio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Solo un tratado regional, el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo), contiene una referencia al aborto como un derecho. Este tratado es altamente polémico y de ninguna manera tiene aceptación universal. Solo alrededor de la mitad de las naciones africanas han adherido al Protocolo de Maputo y la razón más a menudo citada para la no adhesión es la provisión sobre el aborto.3

La antigua y por mucho tiempo directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recientemente declaró: “Nosotros en la UNFPA, tenemos el mandato de considerar el aborto dentro del contexto de la salud humana, pero nunca como un derecho, como algunas ONGs lo consideran … El aborto es un asunto nacional para ser considerado por las leyes y legislación nacionales.” Entrevista con Thoraya Obaid, Huffington Post, Enero 15, 2011. http://www.huffingtonpost.com/katherine-marshall/courageous-in-navigating-_b_806313.html. A pesar de la posición oficial de la UNFPA, no obstante, la agencia promueve derechos al aborto. Vea notas sobre el Artículo 7, supra. 

Aun algunas organizaciones defensoras del aborto confirmaron hasta hace poco que no existe ningún derecho al aborto en los tratados internacionales. Por ejemplo, en el año 2003 el Centro de Derechos Reproductivos aceptó que los tratados internacionales no reconocen el derecho al aborto: “Hemos sido líderes en traer argumentos en pro del derecho de la mujer de escoger el aborto dentro de la rúbrica de los derechos humanos internacionales. Sin embargo, no existe una norma obligatoria vinculante que reconozca el derecho de la mujer a terminar el embarazo”. Esta declaración fue realizada en un memorando interno del Centro de Derechos Reproductivos en 2003 denominado, “Resumen del Programa Legal Internacional de Planeación Estratégica”, y fue enviado a los registros del congreso de EE.UU. [The Center for Reproductive Rights, internal memorandum, entered into the U.S. Congressional Record: 108 Cong., 1st sess., Congressional Record 149, no. 175 (December 8, 2003) E2534-E2547, http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?position=all&page=E2534&dbname=2003_record%5D

Sin embargo, en 2009 el Centro de Derechos Reproductivos sostuvo, “El derecho de la mujer a servicios de salud reproductivos integrales, incluyendo el aborto, se fundamenta en los estándares de derechos humanos internacionales los cuales garantizan el derecho a la vida, la salud, la privacidad y la no discriminación. Estos derechos son violados cuando los gobiernos hacen los servicios de aborto inaccesibles a las mujeres que las requieren. Bajo el derecho internacional, los gobiernos pueden ser responsabilizados por leyes altamente restrictivas sobre aborto y por no garantizar el acceso al aborto cuando es legal”. Informe del Centro de Derechos Reproductivos, “Bringing Rights to Bear: Abortion and Human Rights,” January 14, 2009, p.1. http://reproductiverights.org/en/document/bringing-rights-to-bear-abortion-and-human-rights%5D

La discrepancia entre lo dicho por el Centro de Derechos Reproductivos en 2003 y luego en 2009, es que en 2003 se dirigían a una reunión privada con su personal, junta y partes interesadas, mientras que en el 2009 estaban hablando en público. No había cambiado nada desde entonces, ni en el derecho consuetudinario ni en el derecho de tratados, para que la declaración de 2003 ya no fuese cierta.

Las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos tradicionalmente han reconocido que “ no hay un derecho al aborto generalmente aceptado en la ley internacional de derechos humanos”. [Amnesty International, “Women, Violence and Health,” 18 February 2005.]

Recientemente algunas de estas organizaciones han cambiado su posición, a menudo utilizando un lenguaje casi idéntico a aquel de los documentos del Centro de Derechos Reproductivos. Por ejemplo, Amnistía Internacional argumentó en el año 2008, “derogar las reformas legales del Código Penal del Distrito Federal [liberalizando el acceso al aborto] resultará, de hecho, en violaciones de las obligaciones de México sobre derechos humanos internacionales ”. Amnistía Internacional, informe enviado a la Corte Suprema de México, marzo de 2008.

En el caso de México, el informe de Amnistía Internacional fue presentado algunos meses después de una conferencia de derechos al aborto en la cual Amnistía Internacional había anunciado que abogaría un derecho humano al aborto. El director de derechos reproductivos y sexuales del grupo anunció que Amnistía 4

Internacional se uniría a la estrategia de litigio internacional por derechos al aborto del Centro de Derechos Reproductivos respaldando las demandas en los tribunales nacionales que desafiaran las leyes restrictivas sobre el aborto. Cuando la representante de Amnistía Internacional declaró que su organización solo respaldaba derechos al aborto en algunas y no todas circunstancias, su colega de Human Rights Watch agregó que la diferencia era insignificante y luego le dio la “bienvenida” a Amnistía Internacional al redil de defensores internacionales de derechos al aborto. En la misma conferencia, el secretario general ejecutivo adjunto de Amnistía Internacional anunció que el grupo también se uniría con el Centro de Derechos Reproductivos en una nueva iniciativa legal para promover el “derecho” a la salud materna, el cual incluía el aborto. [Comentarios realizados en la Conferencia de Women Deliver, Londres, octubre de 2007. Vea “Six Problems with Women Deliver,” International Organizations Research Group Briefing Paper No.2 (November 5, 2007), http://www.c-fam.org/docLib/20080611_Women_Deliver_final.pdf%5D.

Para una discusión sobre “salud reproductiva” y su relación con el aborto, vea notas sobre el artículo 7, infra. 

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 6

Mientras la autoridad otorgada a estos órganos varia de acuerdo a los términos de los tratados que las crearon, estos instrumentos tratan del papel de los órganos de los tratados en términos de monitorear y realizar recomendaciones, no de tomar decisiones. Por ejemplo, el CEDAW en su artículo 21 declara que el comité de CEDAW “podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basados en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes.” De forma análoga, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 45 dice, “El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ((PIDCP) en su artículo 40(3) establece que el Comité de Derechos Humanos “transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes.” Ningún tratado de las Naciones Unidas autoriza a su órgano de tratado a emitir interpretaciones del tratado que sean vinculantes a los Estados Partes. Aunque posteriores Protocolos Opcionales a algunos tratados permiten a los órganos del tratado decidir casos que emerjan de quejas individuales, estas decisiones podrán realizarse sólo en relación a estados que hayan ratificado el Protocolo Opcional en cuestión y serán vinculantes sólo a las partes a esa disputa específica.

Estados Partes han hecho numerosas declaraciones aclarando que ellos no estiman que los comentarios realizados por los órganos de los tratados sean legalmente vinculantes y que tales comentarios no fueron contemplados a ser legalmente vinculantes cuando se negociaron los tratados. Según el artículo 31 (3)(b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, esta práctica posterior debe ser tomada en cuenta al interpretar el tratado. Vea e.g., Report of the Human Rights Committee, 50th Sess., Supp. No. 40, Annex VI, Observations of States Parties Under Article 40, Paragraph 5, of the Covenant, at 135, U.N. Doc. A/50/40 (Oct. 5, 1995) (“El Reino Unido está por supuesto consciente que los comentarios generales adoptados por el Comité de Derechos Humanos no son legalmente vinculantes”). Vea también las declaraciones de EE.UU. que el PIDCP “no impone a sus Estados Partes la obligación de darle efecto a las interpretaciones del Comité de Derechos Humanos o conferir al Comité el poder de hacer interpretaciones definitivos o vinculantes del PIDCP.” Id en 131. El “Comité carece la autoridad de conceder interpretaciones o juzgamientos vinculantes”, los “redactores del Pacto podrían haber otorgado al Comité este papel, pero deliberadamente decidieron no otorgárselo”. Id. 

Aun los comentaristas jurídicos quienes han defendido que se concedan poderes más amplios a los órganos del tratado han reconocido que las interpretaciones de los órganos del tratado no son vinculantes a los Estados Partes. Vea, e.g., Manfred Nowak, “The Need for a World Court of Human Rights,” Human Rights 5

Law Review 7:1, 252 (2007) (obsérvese que los órganos de los tratados emiten “ decisiones no vinculantes sobre quejas individuales como también …observaciones y recomendaciones concluyentes con relación a los procedimientos de informe y consultas de los Estados”.); Michael O’Flaherty and John Fisher, “Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles,” Human Rights Law Review 8:2, 215 (2008) (“Las observaciones concluyentes tienen una naturaleza no vinculante y flexible”.); Christina Zampas & Jaime M. Gher, “Abortion as a Human Right—International and Regional Standards,” Human Rights Law Review 8:2, 253 (2008) (Obsérvese que los órganos de los tratados “no son cuerpos judiciales y sus observaciones concluyentes no son legalmente vinculantes”).

A pesar de este consenso y del hecho que el tratado que el monitorea no menciona el aborto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de CEDAW) ha leído un derecho al aborto en el tratado y ha presionado a más de 90 países a liberalizar sus leyes antiabortivas. [Human Rights Watch, “International Human Rights Law and Abortion in Latin America,” July 2005, p.5]. El Comité declaró en su Comentario General No. 24, “En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. El Comentario General de CEDAW No. 24 asegura que las naciones “también deben establecer un sistema que garantice la eficacia de las medidas judiciales. El hecho de no hacerlo constituirá una violación del artículo 12.”. Cuando las naciones negociaron el tratado, no se entendió que este artículo incluía derechos al aborto, ni ningún estado se reservó su posición sobre este artículo con el fin de proteger sus leyes que criminalizaran el aborto. Sin embargo, un estado ha aceptado los comentarios del Comité del CEDAW como autoritario a este respecto. La alta Corte de Colombia instruyó la liberalización de la ley nacional contra el aborto en el año 2006 y la corte en su mayoría se refirieron a los comentarios de los órganos del tratado con relación al aborto. [Corte Constitucional de Colombia Decisión C-355/06, de mayo 10 de 2006].

El Comité de Derechos Humanos ha amonestado a más de una docena de países para liberalizar sus leyes sobre el aborto. El Comité Sobre Derechos Económicos y Sociales ha presionado a más de diez países para liberalizar sus leyes sobre el aborto. El Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura también han instado a los países a liberalizar sus leyes antiabortivas.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 7

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que “el acceso al aborto legal y seguro es un derecho fundamental de la mujer, independientemente de donde viva.” [Vea, e.g., World Health Organization, “Unsafe abortion: the Preventable Pandemic” (2006), http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/lancet_4.pdf.%5D

El Fondo de Población de las Naciones Unida (FPNU) le está prohibido promocionar el aborto como una forma de planificación familiar por su mandato en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, cláusula 8.25. Sin embargo, promueve el aborto por medio de financiar proveedores y defensores del aborto quienes promueven el aborto como un derecho humano y de hacer de estos proveedores y defensores sus socios y agentes en diferentes países alrededor del mundo. Por ejemplo, el FPNU financia la firma de abogados pro aborto denominada Centro de Derechos Reproductivos (CRR) [Vea los Informes Anuales de la CRR, el último informe de 2009 en http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/crr_annual_09.pdf.%5D La FPNU también ha colaborado con el CRR con informes para los comités responsables de monitorear el cumplimiento con la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según el CRR, estos informes se centraron en “violaciones a los derechos reproductivos” tales como la “negación de servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto y el cuidado post-aborto.” [http://reproductiverights.org/en/press-room/center-briefs-un-6

committees-on-emerging-reproductive-rights-issues]

El Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo es citado a menudo para corroborar afirmaciones que existe un derecho internacional al aborto derivado de un derecho internacionalmente reconocido para la obtención del mejor cuidado de salud alcanzable [Vea ICPD Program of Action, Cairo 5–13 September 1994]. Aunque no es legalmente vinculante, el Programa de Acción es el único documento de alguna significancia internacional que contenga una definición del término “salud reproductiva y derechos reproductivos”, el cual algunos interpretan como que incluye un derecho al aborto.

De hecho, sin embargo, esa definición (del parágrafo 7.2 del Programa de Acción) no incluye absolutamente ninguna referencia al aborto. Por el contrario, en lugar de imponer a un Estado la obligación de legalizar o despenalizar el aborto, el Programa de Acción del CIPD explícitamente reconoce la soberanía de los Estados de legislar sobre esta materia. Específicamente el parágrafo 8.25 afirma, “Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional.”.

Debido a que el CIPD y el documento final emanado de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing no incluyó los derechos al aborto, los defensores recurrieron al sistema de monitoreo de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas para hallar un derecho al aborto. En 1996, miembros del personal de la oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las NU, del Fondo de Población de las NU, de la División para el Adelanto de la Mujer de las un, y de los defensores no gubernamentales del aborto generaron un informe delineando los medios para hacerlo. La estrategia, la cual ha sido implementada en los años subsiguientes, decía que “Las agencias de las Naciones Unidas podían analizar cada tratado y la labor de cada órgano que monitorea un tratado” para promocionar la agenda, la cual implicaba redefinir los varios derechos con la intención de crear un derecho al aborto. Según el informe, “El derecho a la vida…podría extenderse al de expectativa de vida, incluyendo las distinciones entre mujeres y hombres, particularmente con respecto a los asuntos de la salud reproductiva y sexual, la cual afecta de forma adversa la expectativa de vida de la mujer, tal como … leyes antiabortivas estrictas, las cuales llevan a la mujer a buscar un aborto inseguro.” [Roundtable of Human Rights Treaty Bodies on Human Rights Approaches to Women’s Health, with a Focus on Sexual and Reproductive Health Rights, Glen Cove Report, (December 9-11, 1996), 22-23. El Comité de CEDAW “acogió” el informe de Mesa Redonda en su 53ra sesión de 1998, (A/53/38/Rev.1), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/18report.pdf%5D.

El Centro de Derechos Reproductivos igualmente “encuentra” el derecho al aborto al reinterpretar los tratados: “Nosotros y otros han basado los derechos reproductivos en una serie de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, libertad y seguridad; el derecho a la salud, salud reproductiva y planeación familiar; el derecho a decidir la cantidad de y años entre niños; el derecho a consentir el matrimonio y la equidad en el mismo; el derecho a la privacidad …” [Vea el memorando interno del Centro de Derechos Reproductivos y la posición de Amnistía Internacional sobre el derecho al aborto, Notas sobre el Artículo 5, infra]

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 8

Es generalmente aceptado que el derecho a la vida en el sentido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros instrumentos de derechos humanos implica la obligación de los Estados Partes no solo de abstenerse de asesinatos ilegales sino también a tomar medidas para la prevención de tales asesinatos. Vea, e.g., L.C.B. v. the United Kingdom (European Court of Human Rights Judgment of 9 June 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-III, p. 1403, § 36): el derecho a la vida “requiere que el estado no solo se abstenga de la toma ‘intencional’ de la vida, sino que tome los pasos apropiados para salvaguardar la vida de aquellos dentro de su jurisdicción”.7

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (VCLT) en su artículo 26 (“pacta sunt servanda”) dispone que “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”. El artículo 31(1) del VCLT dispone que “[u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”, y las secciones subsiguientes del artículo 31 especifican los factores que deben ser tomados en cuenta al interpretar los tratados, tales como acuerdos entre estados en relación con el tratado y/o su interpretación, la práctica estatal que establece tal acuerdo, y cualesquiera normas aplicables y pertinentes del derecho internacional.

Debido a que ni ninguno de los factores interpretativos establecidos en el artículo 31 del VCLT ni ninguna otra fuente autoritaria indica que la responsabilidad del estado de proteger la vida humana no se extiende a todos los seres humanos, los estados son libres bajo el VCLT de interpretar sus obligaciones bajo los tratados garantizando el derecho a la vida de incluir la obligación de proteger la vida de todos los seres humanos desde el momento de la concepción.

NOTAS SOBRE EL ARTÍCULO 9

Aunque este artículo específicamente menciona el aborto, los gobiernos deben también proteger contra otras amenazas a la vida de los seres humanos no nacidos. Estas amenazas incluyen pero no se limitan a la investigación que involucra el uso y destrucción de embriones humanos vivos.

Los Estados pueden, y de hecho deberían, interpretar las obligaciones internacionales bajo los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas de incluir el deber legal de proteger la vida humana desde su inicio, esto es desde la concepción, tal y como se discutió en la nota previa al artículo 1. Una serie de constituciones nacionales ya protegen la vida de los seres humanos desde la concepción, incluyendo aquellas de Chile, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irlanda, Madagascar, Paraguay, Perú, Filipinas y Hungría.

De hecho, alrededor de dos tercios de los países del mundo continúan prohibiendo legalmente el aborto en todas o casi todas las circunstancias. Según la más reciente recopilación del grupo defensor del aborto el Centro de Derechos Reproductivos, 68 países o prohíben el aborto o lo permiten solo cuando es necesario para salvar la vida de la madre y otros 59 países permiten el aborto solo cuando es necesario para preservar la vida o salud de la madre. Alrededor de un tercio de estos países también tienen excepciones en casos de violación y algunos pocos tienen excepciones para el incesto y/o la malformación fetal. [Center for Reproductive Rights, “Fact Sheet: The World’s Abortion Laws,” September 2009.] Aunque no todas estas 127 leyes dan a los niños por nacer el alcance total de la debida protección legal, ellas claramente reflejan un reconocimiento continuo de la abrumadora mayoría de los países del mundo que los niños no nacidos merecen la protección y que no existe derecho humano al aborto. En contraste, solo 56 países permiten el aborto por cualquier razón, y solo 22 de estos son sin restricción tal como el periodo de gestación. Otros 14 países prohíben el aborto pero establecen excepciones por razones socioeconómicas. [Fact Sheet, supra.]

Ejemplos de presión ejercida sobre países en desarrollo por parte de naciones desarrolladas incluyen la experiencia de Nicaragua en 2006 en respuesta a la decisión legislativa de prohibir el aborto “terapéutico”. El término “terapéutico” se menciona aquí porque es comúnmente utilizado, aunque no estamos de acuerdo en que el aborto pueda ser considerado, per se, un tratamiento para ninguna enfermedad.

Los embajadores a Nicaragua de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos, como también los Representantes del Reino Unido y Canadá, la Comisión Europea y las Agencias de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), el Programa de Desarrollo de las Naciones 8

Unidas (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura (FAO), firmaron una carta conjunta dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional, el Sr. Eduardo Gómez López, en octubre 20 de 2006, instandole a posponer el voto, aduciendo que la nueva ley sobre el aborto “afecta la vida, la salud y la seguridad jurídica de las mujeres nicaragüenses”. El principal signatario de la carta, la embajadora de Suecia en Nicaragua Eva Zetterberg, anunció en una conferencia de donantes pocos meses después que los donantes “queremos asegurar una planificación de mecanismos que garanticen una mejor vinculación entre cooperación y políticas gubernamentales” y que el aborto “es super-importante para nosotros”. [“Empieza Mesa Global entre el gobierno y los países donantes,” La Voz, July 3, 2007; “Breves Nicaragua,” Revista Envío, Julio 2007.]. Un corto tiempo después Suecia anunció un retiro progresivo de toda la ayuda a Nicaragua. El retiro fue ampliamente visto en Nicaragua como una retribución a la nueva ley que prohibía el aborto “terapéutico”. [“Diputados acusan a embajadora sueca,” El Nuevo Diario, August 29, 2007.]


Lunes, 17 de Octubre de 2011 19:57
Por Daniel Iglesias Grèzes

(AA) En este artículo se presentan y se refutan cuatro de los argumentos favoritos de los partidarios de la legalización del aborto. Agradecemos a su autor, Daniel Iglesias Grèzes, por autorizarnos a publicarlo en Argentinos Alerta. Fue publicado originalmente enInfocatolicaEl autor es uruguayo y miembro de la Asociación “Familia y Vida”. Ha escrito varios libros de teología. Hemos ilustrado los conceptos desarrollados por Daniel Iglesias Grèzes con vínculos a notas de Argentinos Alerta.

 

1. La objeción basada en la libertad de elección

Presentación: Todo ser humano tiene derecho a disponer con absoluta libertad de su propio cuerpo. El embrión o feto es parte del cuerpo de la mujer embarazada. Por lo tanto, la mujer embarazada tiene derecho a disponer con absoluta libertad del embrión o feto.

Refutación: Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido. El ser humano no siempre tiene derecho a disponer libremente de su propio cuerpo. Por ejemplo, tiene derecho a hacerse extirpar el apéndice en caso de apendicitis, pero no tiene derecho a amputarse una oreja por puro capricho. La premisa mayor en cuestión procede de una ideología individualista radical, que aplica al propio cuerpo la falsa noción de un derecho absoluto a la propiedad privada, no sujeto a ninguna obligación moral interpersonal.

Además, es una verdad científicamente demostrada que el embrión (o el feto) no es nunca una parte del cuerpo de la mujer embarazada, sino que desde el mismo momento de su concepción es un ser humano distinto del padre y de la madre. El embrión no es un ser humano en potencia sino un ser humano en acto (embrionario en acto y adulto en potencia). A quien todavía dude de esta evidente verdad biológica, le recomiendo que piense en la (inmoral pero real) fecundación in vitro: si el embrión concebido naturalmente es parte del cuerpo de la madre, el embrión concebido in vitro, ¿de quién es parte? ¿De la probeta o del freezer? Y si el embrión (luego feto) es un ser humano, necesariamente es también una persona humana y tiene toda la dignidad y los derechos que le corresponden a cualquier persona humana.

2. La objeción basada en el riesgo sanitario

Presentación: La ley debe minimizar a toda costa los riesgos sanitarios que corren las mujeres que se realizan abortos. La ilegalidad del aborto impulsa a las mujeres a someterse a abortos clandestinos en condiciones de riesgo, lo cual provoca muchas muertes entre ellas. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto para evitar las muertes de mujeres que se someten a abortos clandestinos.

Refutación: Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido. El fin supremo perseguido por la ley es el establecimiento de un orden social justo, no la minimización a cualquier precio de los riesgos que corren las personas que llevan a cabo determinados actos (en este caso, actos homicidas), aun con peligro de su propia vida. Aunque el aborto clandestino puede ser para la madre algo más peligroso que el aborto legal, el aborto (clandestino o legal) es siempre letal para su hijo. Recordemos siempre que éste es inocente y que no cabe tratarlo como un injusto agresor. Aplicando análogamente la premisa mayor de esta objeción a otros delitos, llegaríamos a conclusiones absurdas, como –por ejemplo– que se debería legalizar el robo para evitar los riesgos a los que se exponen los ladrones en sus esporádicos enfrentamientos armados con los policías.

Además, lo que determina a una mujer a someterse al riesgo de un aborto clandestino no es la ley que prohíbe el aborto (allí donde este tipo de ley existe), sino su libre decisión de matar al hijo que lleva en su seno.

Por otra parte, aunque la muerte de mujeres en abortos clandestinos es una realidad muy lamentable, la incidencia de esta causa de muerte es muy baja en términos absolutos (por ejemplo, en el Uruguay, la cantidad total de muertes por esa causa normalmente varía entre 0 y 5 por año), lo cual lleva a pensar que la mayoría de los abortos clandestinos no se realiza en condiciones de riesgo.

Tampoco es seguro que la legalización del aborto produzca necesariamente una gran disminución del número de abortos clandestinos. Por varias razones, algunas mujeres seguirían recurriendo a abortos clandestinos: mujeres con más semanas de embarazo que el plazo máximo establecido para un aborto legal, mujeres que no quieren dejar un registro de su aborto, mujeres menores de edad cuyos padres no aprueban el aborto, mujeres extranjeras que están de paso en el país, etc. La aplicación coherente de esta objeción pro-abortista debería conducir a eliminar también estas últimas restricciones legales, permitiendo la legalización del aborto hasta el último día del embarazo, la eliminación de los registros de abortos legales, la realización de abortos a menores sin consentimiento de sus padres, el “turismo” con fines abortivos, etc. El absurdo de estas consecuencias demuestra el absurdo de la premisa de la cual ellas derivan.

Por último, es evidente que la legalización del aborto implicaría un aumento de la cantidad de abortos y por lo tanto de la cantidad de homicidios. Además aumentaría la cantidad de mujeres víctimas de las muchas consecuencias negativas (físicas y psíquicas) del aborto. Los pro-abortistas suelen olvidar u ocultar que también el aborto legal es más peligroso para la madre que llevar a término su embarazo. En particular, aumentarían las víctimas de la depresión post-aborto, lo cual implicaría un aumento del número de suicidios. Es muy probable que el aumento de los suicidios superase a la posible disminución de las muertes relacionadas con abortos clandestinos.

3. La objeción basada en la aceptación generalizada

Presentación: No se debe considerar ilegal ninguna práctica generalizada y aceptada por la sociedad. El aborto es una práctica generalizada y aceptada por la sociedad. Por lo tanto, se debe legalizar el aborto.

Refutación: Las dos premisas de este silogismo son falsas, por lo cual el razonamiento es inválido. El hecho de que una práctica delictiva esté muy extendida en una sociedad o incluso sea aceptada por la mayoría de la población no implica necesariamente que el Estado deba despenalizarla, ni mucho menos que deba legalizarla. Piénsese por ejemplo en los casos de soborno o de contrabando en pequeña escala, frecuentes en determinados ámbitos; si en estos casos no se puede aplicar la premisa mayor de esta objeción, menos aún es posible hacerlo en el caso del aborto, que es un delito mucho más grave, puesto que atenta contra el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. Los derechos humanos fundamentales no nacen ni mueren por el voto de la mayoría de los ciudadanos, sino que son inherentes a la naturaleza humana. La tarea del Estado no es crearlos, sino simplemente reconocerlos, defenderlos y promoverlos. Una ley positiva que violara esos derechos sería inválida.

Además, el aborto no es una práctica socialmente generalizada y aceptada. Dado que a veces los pro-vida han caído en el error de aceptar acríticamente la validez de estadísticas tendenciosas acerca del aborto, es necesario subrayar con fuerza que en todo el mundo los pro-abortistas manejan habitualmente cantidades de abortos muy exageradas, fraguadas para crear la falsa impresión de que la gran mayoría de las mujeres recurre al aborto en algún momento de sus vidas y de que la legalización del aborto no aumentaría la ya altísima cantidad de abortos. Por ejemplo, los pro-abortistas solían afirmar, sin ningún fundamento serio, que había 50.000 o hasta 100.000 abortos quirúrgicos anuales en el Uruguay; estas cantidades son sencillamente absurdas, dado que Uruguay es un país de 3,3 millones de habitantes con una población bastante envejecida.

Otra estrategia habitual de los pro-abortistas en todo el mundo es recurrir a encuestas sesgadas que pretenden hacer creer que la gran mayoría de la población está de acuerdo con una legalización total del aborto, cuando en realidad la mayoría se opone totalmente al aborto o bien lo acepta sólo en determinados casos, relativamente poco frecuentes (peligro de muerte de la madre, malformación del feto, violación).

A partir de esas falsas estadísticas y encuestas, los pro-abortistas concluyen que reprimir el aborto es una tarea imposible y una hipocresía, porque quienes lo condenan en público supuestamente lo practican en privado. Todo esto es radicalmente falso: si se quiere, el aborto puede ser combatido eficazmente. Ante todo, con educación, pero sin descartar la represión. Los padres y madres que consienten en provocar un aborto son culpables, aunque a veces tienen atenuantes (por ejemplo, la ignorancia sobre la naturaleza homicida del aborto); pero mucho más culpables que ellos son los médicos que lucran con un negocio infame, pervirtiendo su noble profesión. También tienen su parte de responsabilidad las autoridades civiles, cuando por omisión dejan impunes la mayoría de esos crímenes.

Por último, quisiera decir algo sobre la acusación de hipocresía que los pro-abortistas suelen hacer contra los ciudadanos pro-vida. Se trata de una acusación gratuita, y bastante absurda y ofensiva por cierto. Dicho en forma breve y sencilla, “hipócrita” es quien predica el bien y practica el mal. Pues bien, la gran mayoría de los pro-vida no sólo nos oponemos al aborto de palabra, sino también de hecho. Ni practicamos abortos, ni nos sometemos a abortos, ni aconsejamos a nadie que aborte, ni contribuimos con ningún aborto. ¿Dónde está entonces nuestra hipocresía?

Además, aunque haya una minoría de defensores de la vida hipócritas y aunque esa hipocresía sea deplorable, es necesario subrayar con fuerza que hay sólo dos formas de librarse de la hipocresía y que los pro-abortistas recomiendan la forma equivocada. En efecto, si la hipocresía es la incoherencia de predicar el bien y practicar el mal, las únicas dos formas posibles de suprimirla son: o dejar de practicar el mal o dejar de predicar el bien. La primera alternativa es la única éticamente aceptable. La segunda alternativa es capaz de generar algo todavía peor que un hipócrita: un ser egoísta que se jacta públicamente de su egoísmo y desprecia visiblemente la virtud.

Por lo demás, con mucha frecuencia es el bando pro-abortista el que incurre en una forma muy descarada de hipocresía, cuando, a la vez que defiende el aborto con base en una supuesta “libertad de elección” de la mujer, se niega tenazmente a condenar como es debido los abortos forzosos practicados por el régimen comunista chino.

4. La objeción basada en la laicidad del Estado

Presentación: En un país laico no debe haber leyes fundadas en dogmas religiosos. Una ley que prohíbe y penaliza el aborto está fundada en los dogmas de la fe católica. Por lo tanto, en un país laico se debe despenalizar y legalizar el aborto.

Refutación: La premisa menor de este silogismo es falsa, por lo cual el razonamiento es inválido. Acerca de la premisa mayor diré que cuando –como está implícito en esta objeción– se afirma que un determinado país es “laico” se comete un grueso error, que proviene de los excesos de la ideología estatista: confundir el país con el Estado. Habría que decir, en cambio, que se trata de un país cuyos habitantes tienen distintas definiciones en materia religiosa y cuyo Estado se define corrientemente como “laico”. O sea, un país plural en materia religiosa, con un Estado “laico”.

Además, a menudo se producen grandes distorsiones del significado auténtico de la laicidad del Estado. No es lícito identificar la aconfesionalidad del Estado –compatible con una alta valoración del fenómeno religioso en general, y de las raíces religiosas del propio país o civilización en particular– con un laicismo militante y hostil a la religión, que procura suprimir su influencia en los asuntos públicos y reducirla a una esfera puramente privada. El dualismo esquizofrénico de cierto secularismo, que busca establecer un abismo infranqueable entre lo público y lo privado, proviene de una falsa antropología que no toma en serio la unidad radical del ser humano ni su índole social. El hombre es siempre inseparablemente individuo y miembro de la sociedad; y se manifiesta ineludiblemente como lo que es. Por todo esto sería mucho más oportuno decir que el Estado es aconfesional, en lugar de “laico”, una palabra cargada de tantas interpretaciones desviadas.

Con estas importantes salvedades, dejaré de lado la premisa mayor y me concentraré en refutar la premisa menor, lo cual será suficiente para refutar la objeción.

Una ley que prohíbe y penaliza el aborto no está fundada en los dogmas de la fe católica, sino en el orden moral objetivo, que todo ser humano (cualquiera que sea su religión) puede conocer por medio de la recta razón. Esto quedó claro en el post titulado “¿Por qué el aborto debe ser penalizado?”. La fe católica no interviene en ninguno de los cuatro pasos del argumento allí expuesto. Ese solidísimo argumento es de orden científico y filosófico, y está al alcance de la sola razón natural. Como hemos visto, la oposición a la legalización del aborto brota ante todo, no de dogmas religiosos, sino de verdades evidentes tales como las siguientes: el embrión humano es un ser humano desde su concepción; todo ser humano goza de la dignidad humana; no se debe matar a ningún ser humano inocente; el Estado debe defender los derechos humanos; etc. Todas estas verdades son compartibles por personas no católicas y de hecho son compartidas por muchas de ellas. Para reconocer la inmoralidad del aborto no es necesario profesar la fe católica, sino que basta reconocer la ley moral natural inscrita en la conciencia de cada hombre, uno de cuyos preceptos fundamentales es amar y respetar la vida humana.

Esta objeción proviene de otra de las estrategias favoritas de los pro-abortistas: la de “confesionalizar” el debate sobre el aborto, catalogando a los pro-vida como católicos intolerantes, que pretenden imponer sus creencias religiosas a todo el resto de la sociedad. Esto representa una profunda tergiversación del debate.

Los católicos tienen tanta capacidad, tanto derecho y tanto deber como cualquier otro ciudadano de rechazar la gravísima injusticia del aborto mediante argumentos puramente racionales. El hecho de que su fe sobrenatural les suministre argumentos teológicos adicionales contra la legalización del aborto no desvirtúa en modo alguno la validez racional de sus argumentos científicos y filosóficos sobre el mismo asunto. Pensar lo contrario equivaldría a sostener que un católico, por el mismo hecho de ser católico, quedaría incapacitado para intervenir en los debates políticos acerca de cualquier asunto con profundas implicaciones éticas. Si alguno de los pro-abortistas tiene ese prejuicio anticatólico, sería bueno que se sincerara y se animara a expresarlo de forma clara y pública. (Fin).

Daniel Iglesias Grèzes

 

 

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